La Administración Pública, como término, se refiere a la totalidad del sistema administrativo que enmarca las funciones e instituciones del estado. Los Ministerios, instituciones autónomas, empresas estatales y demás entes públicos conforman este enorme conjunto administrativo.

     Sus actos se encuentran regulados por la Constitución Política, los tratados internacionales y las normas de la comunidad centroamericana, la Ley General de la Administración Pública, y numerosas leyes especiales, estatutos y reglamentos. Toda esta gama de instrumentos jurídicos, que con el paso del tiempo aumentan en número y son imposibles de contar, tiene como fin, entre otros, el garantizar al administrado un servicio eficiente por parte del Estado.

     Comprenderá el lector que en Costa Rica, la ciudadanía necesita acudir a las instancias estatales por un sinnúmero de motivos. Esto implica que cada persona debe acudir a distintas instituciones para lograr que se realicen muchos trámites que varían según sea la naturaleza de las intenciones o necesidades de cada uno. Pero sin importar cuales sean estas intenciones o necesidades, una persona siempre se verá frente a un factor común: Lidiar con el complejo sistema de los aparatos públicos. Esto incluye filas interminables, lentitud, ineficiencia, falta de información y, por supuesto, cientos de trámites.

     Estos trámites suelen variar, aunque siempre son igual de molestos. Van desde tener que sacar fotocopias a precios exorbitantes, aguantar las malas caras de los funcionarios que atienden a los interesados, tener que ir a varias instituciones para cumplir un solo fin e invertir valioso tiempo, en horas de trabajo, para conseguir algo que al final parece insignificante en comparación con el tedioso proceso que conllevó si obtención. Cualquier costarricense que haya tenido que hacer trámites ante cualquier instancia gubernamental entiende sobre que estamos hablando.

     Recientemente la Comisión de Desregulación de la Asamblea Legislativa tuvo la muy oportuna iniciativa de emitir un proyecto de ley titulado Protección al Ciudadano frente al Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos. Tan aliviador proyecto pretende eliminar aquellos trámites que resulten engorrosos y planea concentrar todas las diligencias en las instituciones competentes, promoviendo una mayor eficiencia, en tiempo y acción, que favorezca al ciudadano, a la vez que elimina costos innecesarios para el estado, ahorrándole a los contribuyentes algo de dinero.

     Este proyecto ahora deberá enfrentar a sus archi-rivales: Los trámites excesivos. Pues para convertirse en ley tiene que pasar antes por varias consultas y procedimientos, luego pasar a debate en el plenario legislativo para una posterior aprobación. Nos queda la esperanza de poder verlo, algún día, convertido en ley y que sus inigualables virtudes nos faciliten la vida a todos. Hasta ese día, sigamos con los trámites excesivos y tengamos paciencia...