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Sobre la elección del Defensor de los Habitantes

 

22 de Enero del 2001

Editorial de Tiquicia.COM
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     En pocos días la Asamblea Legislativa elegirá a la persona quien desempeñará el cargo de Defensor de los Habitantes. La lista de aspirantes es larga, y en ella se encuentran representadas muchas profesiones; hay abogados, politólogos, ingenieros, economistas y hasta un médico.

     La Defensoría de los Habitantes se encuentra adscrita a la Asamblea Legislativa, sus funciones son varias, entre las más importantes destaca el defender los derechos de la ciudadanía frente a los atropellos que pueda cometer el estado en áreas como el medio ambiente o la calidad de vida. Esta función tan importante que se la ha conferido a la Defensoría de los Habitantes no es vinculante, es decir, el estado no está obligado a acatar lo que dicte la Defensoría, lo cual es muy común entre los organismos homólogos alrededor del mundo.

     Se preguntará el lector: ¿Entonces para que una Defensoría de los Habitantes? La respuesta es muy sencilla, se pretende que la Defensoría, a través del Ombudsman o Defensor de los Habitantes, actué en el plano moral, y que sea desde esa tribuna de la ética y el buen actuar que los derechos de los habitantes de la república sean protegidos. Claro está que esto solo tendrá efectividad siempre y cuando el Defensor de los Habitantes sea una persona de reconocidas cualidades morales, alguien a quien nadie pueda decir que logró ocupar su cargo por conexiones políticas o porque fue diputada o hijo de un ex presidente, o sea, alguien que tenga autoridad moral para decir que el estado actuó mal en un asunto determinado.

     La razón para pedir tanta transparencia a la persona investida del cargo de Defensor de los Habitantes es simple. Si el defensor de los habitantes forma o formó parte de un partido político, o tiene compromisos políticos con organizaciones políticas o con el gobierno, es fácil deducir que sus intereses no serán primordialmente los de los habitantes a quienes ha jurado defender, sino que serán los de su partido o los del gobierno, ente contra el cual se pretende proteger a los ciudadanos.

     En una cultura política en la que el compadrazgo y el amiguismo han privado sobre los más altos valores de la función pública, es difícil pretender que un cargo tan importante no sea ocupado por personas sin vinculaciones políticas, sin embargo la esperanza es lo último que se pierde.

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